La Defensoría del Pueblo de La Libertad decidió intervenir en el caso sobre la apropiación de terrenos del Estado utilizados para el ejercicio de la minería ilegal en el cerro El Toro, Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Ante ello, el ente defensorial pidió al titular de la fiscalía Provincial de Sánchez Carrión, Jorge Luis Fernández Urteaga, para que le informe sobre el estado actual y el resultado de las investigaciones en torno a este escandaloso caso.
“El año 2018 en la carpeta 4028 se denunció la apropiación ilícita de los terrenos de propiedad del Estado en el caserío de Coigobamba, La denuncia está dirigía nada menos contra el hermano del teniente gobernador de dicho caserío. La gran pregunta es por qué el Ministerio Público sigue con el retraso de estas investigaciones, ya que el plazo es de la 60 a 90 días para una investigación prelimina”, sostuvo el presidente de la comisión regional que investiga el cerro El Toro en Huamachuco, el consejero Greco Quiroz.
Asimismo, el consejero lamentó el deficiente trabajo de la Fiscalía, principalmente por las muertes producto de la minería ilegal, cuyos responsables aún no responden ante la justicia. “No es posible que a la fecha tengamos 64 fallecidos, entre ellos menores de edad, y no existan responsables”, sentenció.
Quiroz comentó que la interdicción del cerro El Toro se daría el próximo año, toda vez que se necesita de un grueso contingente policial de entre mil a dos mil efectivos, sumados a 15 fiscales de prevención del delito.
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